17 jun. 2009

Fiscal entrega JCE informe sobre 2 empleados falsificadores

Santo Domingo.- La Fiscalía del Distrito Nacional entregó ayer un informe a la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE) sobre investigaciones realizadas en el registro civil, en el cual establece responsabilidades penales contra dos personas acusadas de falsificar documentos de identidad. Las investigaciones involucran al ex oficial civil Juvenal Lorenzo Liranzo y la señora Ángela del Rosario Espejo.

Sobre Lorenzo Liranzo, se informó que fue cancelado al inicio de las investigaciones, hace seis meses, al detectarse varias anomalías, pero que en el transcurso de las indagaciones se descubrieron otras.

En tanto, a la señora Del Rosario Espejo se le atribuye haber incurrido en irregularidades con la declaración de seis personas como hijos suyos sin serlo.

La información fue dada por el fiscal Del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, luego de entregar el informe de las investigaciones al presidente de la Cámara Administrativa de la JCE, Roberto Rosario.

Moscoso Segarra dijo que el ministerio público está en condiciones de presentar medidas de coerción contra esas dos personas. Indicó que se determinó que hubo falsedad en escritura pública en los casos de declaraciones tardías y que esas dos personas deben ser procesados judicialmente.

Asimismo, manifestó que también se estableció que hubo irregularidades en la Consultoría Jurídica de la JCE que ameritan una investigación a nivel interno.

Dijo que la investigación interna que haga la Cámara Administrativa se podrían establecer los vínculos de esas personas con otras.


Mientras que Rosario señaló que enviará el informe al Pleno de la JCE y señaló que en los próximos días darán a conocer detalles de lo que procede en cada caso.

“Yo le doy importancia a esta acción porque pienso que empezamos a trillar el camino de la transparencia y la ruptura de la impunidad”, indicó Rosario. Puntualizó que por la gravedad del caso dado a conocer hoy solicitaron la intervención del fiscal, ya que la investigación fue solicitada por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

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